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​ Prevención del lavado de dinero

En términos generales, el lavado de dinero puede ser entendido como la operación mediante la cual, personas o entes relacionados regularmente con organizaciones delictivas, intentan legitimar fondos provenientes de acciones ilícitas -desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional- con el fin de introducirlos a los flujos monetarios comunes, sin levantar sospechas o dudas sobre su proveniencia.

Una de las actividades económicas que no escapa de la posibilidad de constituirse en un medio para la legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, es la aseguradora (entendida en sentido amplio como la que realizan las aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios), esto a pesar de que sus características particulares hacen que se torne en muchos casos compleja e ineficiente a efectos de propiciar un intercambio rápido y constante de dinero "sucio" por legítimo.

En Costa Rica la norma jurídica sobre la que se fundamenta todo el sistema de prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y otras actividades conexas, es la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, N° 8204, en donde se establecen las principales obligaciones que se imponen a las entidades responsables, así como las potestades y herramientas jurídicas con las que cuentan las autoridades competentes para fiscalizar su cumplimiento.

  
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En relación con el tema planteado, el primer artículo de relevancia para el presente análisis es el número 14; el cual establece que las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) se encuentran sujetas a las obligaciones de la ley, al señalar:

"Artículo 14.- Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y fiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:

  1. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

  2. La Superintendencia General de Valores (Sugeval).

  3. La Superintendencia de Pensiones (Supen).

  4. La Superintendencia General de Seguros." (El resaltado no es propio del original)

En concordancia con lo anterior, el artículo 16 de ese cuerpo establece una serie de obligaciones a los sujetos supervisados,  entre las que destacan:

  1. Obtener información sobre la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se establezca una relación comercial,

  2. Mantener cuentas nominativas, y conservar un registro de la información obtenida de sus clientes.

Estas obligaciones, indudablemente repercuten de forma directa en la relación que los entes supervisados  establezcan o intenten establecer con sus clientes y el público en general, que requiera algunos de los servicios que prestan.

Loa anterior cobra mayor relevancia si se toma en cuenta de que el artículo 81 inciso a) punto 4, al definir las multas a las que eventualmente se podrían ver expuestos los entes supervisados que incumplan con las obligaciones que la ley les impone, señala:

"Artículo 81.- Las personas físicas y jurídicas señaladas en los artículos 14 y 15 de esta ley, serán sancionados por el órgano de supervisión y fiscalización competente, de la siguiente manera:

  1. Con una multa del uno por ciento (1%) de su patrimonio, en los siguientes casos:

...4) Cuando incumplan las disposiciones de identificación de los clientes en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente Ley."  (El resaltado no es propio del original)

  

Otras de las disposiciones en materia de prevención de la legitimación de capitales, que pueden ser encontradas en el Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, Decreto Ejecutivo N° 36948-MP-SP-JO-H-S, dentro del cual el artículo 16 como aspecto de relevancia, determina la obligación de los entes supervisados de crear un perfil del cliente, sea persona física o jurídica, basado en un enfoque de riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, para lo cual deberán mantener los archivos que correspondan; los que según el artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo, se debe mantener al menos la información mínima que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).

  

En concordancia con lo anterior, el CONASSIF emitió la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204, aprobada mediante el artículo 12 de la sesión 893-2010, actualizada el 15 de febrero del 2011; la cual, cabe señalar se encuentra en proceso de actualización en atención a lo dispuesto en el transitorio II de decreto ejecutivo N°36948-MP-SP-JO-H-S.

Dentro de esta normativa,  resulta relevante  para los consumidores de seguros, conocer y entender los dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 11 y 12 (principalmente), pues en ellos se complementan algunas de las regulaciones incluidas en el Reglamento a la Ley 8204, en cuanto a los documentos con los que tendrán que contar los entes supervisados, para cumplir de forma eficiente con las obligaciones que las obligaciones que la legislación les impone.

Por último, de los artículos mencionados conviene transcribir los dispuesto en los artículos 8 y 9, pues en ellos se determina de forma expresa la información mínima con la que tendrán que contar los entes supervisados por la Superintendencia General de Seguros para cumplir con sus obligaciones, y por ende la información que estos le van a requerir a las personas que soliciten sus servicios; al respecto estos señalan:

"Artículo 8-. Información mínima del cliente persona física.

El expediente del cliente persona física debe contener, como mínimo, identificación del cliente mediante copia vigente de la cédula de identidad para nacionales, pasaporte completo para extranjeros no residentes y cédula de residencia para extranjeros residentes en el país. La Política debe detallar los requisitos adicionales y métodos de identificación  que deben cumplir los extranjeros residentes y los no residentes para abrir una cuenta.


Asimismo, el expediente debe incluir lo siguiente:
a) Fecha de apertura de la cuenta, producto o servicio.
b) Código del cliente (en caso de que exista).
c) Nombre completo.
d) Nacionalidad (es), fecha y lugar de nacimiento (indicando el país).
e) Estado civil.
f) Sexo (M) o (F).
g) Dirección exacta de la residencia permanente (indicada con puntos cardinales, incluyendo provincia, cantón, distrito y otras señas específicas como características físicas del domicilio).
h) Dirección electrónica.
i) Número de teléfono y de fax.
j) Profesión y ocupación.
k) Nombre del patrono, o la naturaleza de sus negocios si desarrolla actividades independientes.
l) Determinar si el cliente es una persona políticamente expuesta (PEPs).
m) Propósito y naturaleza de la relación comercial.
n) Descripción de la fuente u origen de los fondos que justifican las transacciones a realizar, por ejemplo: salario, honorarios, operación del negocio, herencia, rentas, entre otros; la que debe estar respaldada mediante información de bases de datos de entidades públicas o comerciales, órdenes patronales, certificaciones de ingresos, constancias de salario, listado de patronos, entre otros.

Los sujetos fiscalizados pueden prescindir de solicitar la documentación que respalde  el origen de los fondos, cuando los clientes realicen transacciones mensuales por ingresos inferiores a dos salarios base o de un salario base en el caso de las remesadoras (según lo establecido en la Ley 7337), en colones o su equivalente en otra moneda. Si un cliente modifica su patrón transaccional o aumenta el monto mensual por encima del límite establecido en este artículo, el sujeto fiscalizado está en la obligación de requerir al cliente en forma inmediata la documentación que respalde el nuevo patrón transaccional.

o) Cuantía mensual estimada de las operaciones que efectuará en la entidad."

"Artículo 9-. Información mínima del cliente persona jurídica.

El expediente del cliente persona jurídica debe contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Fecha de apertura de la cuenta, producto o servicio.
b) Código del cliente (cuando exista)
c) Razón social.
d) Tipo de persona jurídica.
e) Número de identificación.
f) Fecha y lugar de constitución.
g) Dirección exacta del domicilio social (indicada con puntos cardinales, incluyendo provincia, cantón, distrito y otras señas específicas como características físicas del domicilio), así como la dirección exacta del domicilio comercial (en este caso únicamente cuando esta sea distinta del domicilio social).
h) Dirección electrónica y fax.
i) Número de teléfono.
j) Actividad o la naturaleza del negocio.
k) Propósito y naturaleza de la relación comercial.
l) Indicar si la persona jurídica tiene relación con una persona expuesta políticamente (PEPs).
m) Descripción del origen de los fondos que justifica las transacciones a realizar, respaldado documentalmente, entre otros, mediante certificaciones de libros contables, estados financieros del último periodo fiscal auditados o internos debidamente refrendados por el contador y representante legal.

Los sujetos fiscalizados pueden prescindir de solicitar la documentación que respalde  el origen de los fondos, cuando los clientes realicen transacciones mensuales por ingresos inferiores a dos salarios base o un salario base en el caso de las remesadoras (según lo establecido en la Ley 7337) en colones o su equivalente en otra moneda. Si un cliente modifica su patrón transaccional o aumenta el monto mensual por encima del límite establecido en este artículo, el sujeto fiscalizado está en la obligación de requerir al cliente en forma inmediata la documentación que respalde el nuevo patrón transaccional.
n) Cuantía mensual estimada de las operaciones que efectuará en la entidad.
o) Certificación de personería jurídica con un plazo de expedición no mayor a tres meses al momento de la vinculación, la cual podrá actualizarse mediante consulta a bases de datos de entidades públicas.
p) Certificación extendida por un notario público con vista en el libro de accionistas con un plazo no mayor a tres meses al momento de la vinculación o si durante el proceso de actualización se considera necesaria, en la que se detalle el nombre de los accionistas y porcentaje de participación para aquellos que posean más del 10% de las acciones o en su defecto, el accionista mayoritario.

En el caso de que los socios sean personas jurídicas con una participación igual o superior al diez por ciento del capital social (10%), debe suministrarse información sobre todos los socios que figuran en la estructura de propiedad hasta el nivel final de persona física (como mínimo se debe solicitar la información requerida en los incisos del c) al l) del artículo 8.

Se excluye de este último requerimiento cuando la persona jurídica o sus socios sean una institución pública o gubernamental, o entidad financiera sujeta a la fiscalización de las Superintendencias en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, un organismo intergubernamental o empresas cuya totalidad de sus acciones se coticen en un mercado organizado nacional o extranjero.

Para personas jurídicas que se identifiquen como asociaciones, cooperativas, fundaciones y similares, el sujeto fiscalizado debe solicitar los documentos equivalentes, en cada caso, a los solicitados en este inciso."